2019年9月9日月曜日

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Relaciones kirchnerismo y la presa


Dariodarte: Página creada con «Durante los doce años de gestión kirchnerista en Argentina, entre 2003 y 2015, el gobierno intentó, a través de diferentes maneras, coartar la libertad de expresión y…»


Durante los doce años de gestión kirchnerista en Argentina, entre 2003 y 2015, el gobierno intentó, a través de diferentes maneras, coartar la libertad de expresión y restringir la posibilidad de los medios de comunicación de realizar su trabajo. La libertad de prensa se fue deteriorando paulatinamente en Argentina, por lo que fue clasificada como parcialmente libre en el informe anual de Libertad de Expresión de Freedom House. <ref>[https://ift.tt/2zZcUXl Argentina: Recuperar la democracia de la amenaza populista] Mark P. Lagon es el Presidente de Freedom House, 25 abril 2015, El País</ref><ref></ref><ref></ref>

Durante la gestión kirchnerista se registraron cerca de 1.200 acciones hostiles contra la prensa. La escalada de agresiones incluyó allanamientos a la sede de los medios, bloqueos a la circulación de los diarios, regulaciones arbitrarias, persecución administrativa, ataques y difamaciones a periodistas y directivos, discriminación informativa y boicots publicitarios. El gobierno kirchnerista desplegó una enorme red de propaganda, a través de la cooptación de medios y el uso indiscriminado de la publicidad oficial. En este marco, Clarín y el propio Magnetto fueron blancos principales de los ataques, que también incluyeron a otros medios y periodistas independientes. <ref></ref>

Era algo cotidiano que la presidenta Cristina Fernández se quejara y atacara periodistas desde sus discursos oficiales en las cadenas nacionales, emitidos obligatoriamente en todos los canales de televisión. Los ataques más contundentes fueron contra periodistas del grupo Clarín, pero también contra cualquiera que cuestionara su gobierno.<ref>[https://ift.tt/RKb5gS Entre motes, insultos y amenazas], 11 septiembre 2012, El País</ref>

Entre 2009 y 2013, más de cuatro mil millones de pesos fueron transferidos, sin ningún control, al programa televisivo [[Fútbol para Todos]], que era criticado por la oposición por el uso propagandístico que el Gobierno hacía del mismo.<ref></ref><ref></ref><ref></ref><ref></ref><ref></ref> Muchas fueron las denuncias y, en 2016, los funcionarios [[Aníbal Fernández]], [[Juan Abal Medina]], [[Jorge Capitanich]] y Luis Segura, presidente de la [[AFA]], fueron llamados a indagatoria por la Jueza Federal [[María Servini de Cubría]], por las presuntas irregularidades denunciadas.<ref></ref>

Periodistas oficialistas resultaban beneficiados por la pauta publicitaria aunque tuvieran menor audiencia. El periodista [[Roberto Navarro]], recibió, entre 2013 y 2015, solamente de la Secretaría de Medios 11,5 millones.<ref></ref> Del dinero de los jubilados manejado por la [[ANSES]], Navarro recibió 3.359.000 de pesos por pauta publicitaria solamente en 2015.<ref></ref>



El kirchnerismo inauguró el concepto de periodismo militante.<ref></ref>



Según el peronista y ex miembro del [[Partido Revolucionario de los Trabajadores]], director de las revistas ''Nuevo Hombre'' y ''Diciembre 20'' y del diario [[El Mundo]], [[Manuel Gaggero]], hablar de periodismo militante era faltarle el respeto a [[Rodolfo Walsh]]:



</ref>}}



== Cronologia ==



El primer acto de censura tuvo lugar apenas asumido el nuevo presidente, [[Néstor Kirchner]], en diciembre de 2003. Luego de un programa de televisión del periodista [[Jorge Lanata]], Día D, en [[América TV]], en el que hicieron una denuncia por supuesta corrupción contra Juan González Gaviola, Director del [[Programa de Atención Médica Integral]], levantaron el programa. El Gobierno desmintió las supuestas irregularidades pero retiró a González Gaviola del cargo. A partir de ese momento [[Jorge Lanata]] fue censurado en la televisión y durante nueve años, hasta 2010, no hubo programas que hablaran de política en la televisión o fueran críticos al Gobierno.<ref></ref><ref name=controlprensa/>



En 2006, la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner fustigó con dureza a los medios y en su mensaje dio nombres y apellidos de periodistas .<ref></ref>



En 2006, [[Marcela Pacheco]] denunció censura al haber sido despedida de la [[Televisión Pública]] por preguntar al aire, en el noticiero [[Visión 7]], después de una nota sobre [[Néstor Kirchner]], que le gustaría saber por el destino de los fondos de la [[provincia de Santa Cruz]]. La periodista inició una huelga de hambre como protesta con el objetivo de recuperar su trabajo.<ref></ref>






El periodista [[Pepe Eliaschev]], fuertemente crítico del gobierno [[kirchnerista]], fue expulsado en 2005 de la radio pública de manera intempestiva.<ref></ref>

El 30 de diciembre de 2005, fue censurado, sin respetar el preaviso, el periodista [[Pepe Eliaschev]], cuando [[LRA Radio Nacional]] levantó de la grilla el programa «Esto que pasa», después de la finalización del mismo para que el periodista no pudiera despedirse de su audiencia, respondiendo a una orden directa del gobierno de [[Néstor Kirchner]]. Eliaschev declaró: «Se administra Radio Nacional, emisora pública de la sociedad argentina, como si fuera una dependencia privada de su parcialidad partidaria». La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) le solicitó al entonces presidente que «dejara de agredir a la prensa y a las voces divergentes».<ref></ref><ref></ref>

El periodista adjudicó la censura «a la creciente imposibilidad que manifiesta el gobierno de coexistir con opiniones diferentes» ya que la radio no tenía que pagar el mantenimiento del programa.<ref></ref> Dirigentes políticos de la oposición y periodistas cuestionaron la decisión y reclamaron la presencia de [[Alberto Fernández]] en el Congreso para dar explicaciones. El Comité Nacional de la [[UCR]] denunció que «esta decisión configura otro grave avance sobre las instituciones democráticas que desde el Poder Ejecutivo se vienen reiterando y que ahora atacan directamente a la libertad de expresión».<ref></ref>

Ya en esos años la distribución de la pauta oficial estaba dirigida de manera discrecional hacia los medios más cercanos a la Casa Rosada.<ref></ref>

En 2006 se denunció la existencia de la Unidad del Sistema Informativo de la Nación Argentina (USINA), una oficina que se dedicaba a espiar el pasado de los periodistas y a hacer desgrabaciones instantáneas de todo lo que decían sobre Kirchner.<ref></ref>

<ref></ref>



Según Perfil, ''«Por su tono crítico al Gobierno, primero del hoy ex presidente Néstor Kirchner y la actual mandataria Cristina Fernández de Kirchner, las publicaciones de Perfil se vieron sistemáticamente privadas de tener publicidad oficial.»''<ref name=ordenan/>



En 2006, la [[Conflicto entre Editorial Perfil y el gobierno por la pauta publicitaria|Editorial Perfil]] denunció que le habían retirado arbitrariamente la publicidad oficial por no tener una línea editorial en consonancia con el Gobierno y presentó un recurso de amparo por lo que llamó una política discriminatoria.<ref>[https://ift.tt/2LDvWYG "Publicidad oficial: Perfil denunció al Gobierno"], Terra, 31 de mayo de 2006.</ref>



En 2009, la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dio la razón a Perfil e intimó al Estado Nacional a devolverle la pauta publicitaria. El gobierno apeló la sentencia.<ref name=ordenan></ref>



En marzo de 2011, la Justicia falló, nuevamente, a favor de Perfil y advirtió que el Estado debe omitir criterios discriminatorios y mantener un equilibrio razonable entre las distintas publicaciones, como garantía de la libertad de expresión.

El fallo a favor de Perfil tardó cinco años en llegar. Según [[Jorge Fontevecchia]], ''«La discriminación con la publicidad oficial fue el huevo de la serpiente de la política de comunicación kirchnerista. Fue su primer intento por influir en los medios.»''<ref></ref>

Debido a la apelación, el caso llego a la [[Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina|Corte Suprema de Justicia]], quen en 2011, por decisión unánime de sus siete miembros, falló a favor de restituirle la pauta publicitaria oficial a [[Conflicto entre Editorial Perfil y el gobierno por la pauta publicitaria|Perfil]].<ref></ref><ref name=perfil/>



El Gobierno siguió sin cumplir el fallo. El 14 de agosto de 2012 la Sala IV de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal tuvo que ordenar que se acate el fallo de la Corte Suprema de la Nación.<ref name=perfil></ref>

El 21 de setiembre de 2010, la sociedad Edigráfica SA, propietaria del matutino Diario HOY en la Noticia, de la [[ciudad de La Plata]], presentó una demanda penal contra [[Ricardo Echegaray]], director de la [[AFIP]], por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, violación de secretos y tráfico de influencias debido a los «aprietes permanentes y sistemáticos» para interferir en su trabajo periodístico.

Diario HOY en la Noticia también presentó una acción de amparo solicitando que se ordene al Poder Ejecutivo Municipal de La Plata y al Secretario de Medios de Comunicación que cese con su política discriminatoria en relación la exclusión de la pauta publicitaria oficial. Ni el matutino, ni el sitio web de la empresa, recibían más pauta oficial desde la asunción del intendente [[Pablo Bruera]] debido a su postura crítica hacia el Gobierno de [[Cristina Fernández de Kirchner]]. El recurso de amparo sostenía que dicha política tenía como objetivo presionar y castigar o premiar y privilegiar a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas y de opinión. La Justicia falló a favor del matutino.<ref></ref><ref>CAUSA Nº 10985 CCALP "EDIGRAFICA S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE LA PLATA S/ AMPARO</ref><ref></ref>

El Gobierno mostró a lo largo de 2011 una clara discriminación contra la prensa independiente. En los primeros seis meses, la mitad de toda la publicidad oficial fue a dos grupos afines a la presidencia del Estado, mientras los dos diarios privados de mayor tirada recibieron sólo el 2,5%.<ref></ref>

En 2011, el periodista [[Luis Majul]] denunció, ante la Cámara de Diputados del Congreso Nacional que, a partir de la publicación de un libro sobre el gobierno, sufría censura y persecusión política. <ref></ref><ref name=NCN></ref> El Gobierno le había retirado, sin causa, la pauta oficial a su ciclo [[La Cornisa]], por su línea editorial crítica.<ref name=cornisa/> Majul también denunció persecución por parte de [[Ricardo Echegaray]] y la [[AFIP]].<ref></ref> Majul realizó una denuncia judicial contra el Estado nacional en la que acusaba al Gobierno de una actitud discriminatoria y violatoria de la libertad de expresión por utilizar los fondos públicos para castigar una línea editorial determinada con una distribución arbitraria de la publicidad oficial.<ref name=idenuncia/> En noviembre de 2013, el Tribunal le dio la razón, la Justicia intimó al Gobierno y dispuso que, los programas radiales, televisivos y los contenidos de internet de la productora La Cornisa, volvieran a recibir pauta publicitaria oficial. Según Majul:

</ref>}}

El Estado nunca cumplió y apeló la sentencia. El caso llegó a la [[Corte Suprema de Justicia de la Nación]], que también falló a favor del periodista. La sentencia quedó firme, finalmente, durante el gobierno de [[Mauricio Macri]], en 2016.<ref></ref><ref name=idenuncia></ref>

En 2011 hubo 122 ataques a la libertad de expresión en Argentina.<ref></ref><ref></ref>

El 19 de junio de 2011, unos desconocidos incendiaron la casa de Mario Sánchez, de la radio municipal Sayhueque, en Centenario, y corresponsal de LU5 AM, de Neuquén. Las amenazas de muerte contra él y los ataques no han cesado desde entonces. El periodista, que también es directivo del Sindicato de Prensa de Neuquén, presentó una denuncia y puso a su familia a salvo. Días más tarde arrojaron al patio de su vivienda cócteles molotov con un mensaje que decía: "El que ataca a la MPN, muerte". El Movimiento Popular Neuquino (MPN). <ref></ref>

En 2011, la Diputada Nacional [[Silvana Giudici]] relató que la Cámara de Diputados hacía cinco años que venía recibiendo denuncias por parte de ''«periodistas de todas las provincias que sufrían discriminación cuando la línea editorial de sus medios critican a los gobiernos»'' y por eso insistían en la promulgación de una Ley de Regulación de Publicidad Oficial <ref name=NCN/>

En 2012, [[Jorge Lanata]] opinó que ''«ningún Gobierno tuvo tan en cuenta el tema de la prensa ni la controló tanto como este»''.<ref name=controlprensa></ref>

En setiembre de 2012, el periodista [[Eduardo Feinman]] denunció haber sido censurado cuando el canal oficialista [[C5N]] levantó su programa, Sala de situación, para que no pudiera ser entrevistada la despachante de aduana Paula De Conto, quien había denunciado al entonces secretario de Comercio Interior, [[Guillermo Moreno]], por abuso de autoridad y amenazas.<ref></ref><ref name=sitiosargentina/>

En febrero de 2013 el economista [[Jorge Todesca]] denunció que el periodista oficialista [[Roberto Navarro]], del canal oficialista [[C5N]], popiedad del empresario [[Cristóbal López]], lo insultó y lo amenazó en el programa Economía Política. Lo que hizo exhaltar al periodista fue que Todesca opinara que se trataba de ''«un discurso del Gobierno en su máxima expresión»'' y que ''«se trataba de un programa de propaganda política»'' cuando decían que la inflación bajaba y el país crecía.<ref></ref><ref></ref><ref></ref>

En el canal oficialista no se permitía criticar las políticas del gobierno.<ref name=sitiosargentina/> Dos días depués del episodio de Todesca, el canal despidió al columnista de internacionales, Luis Rosales, por sus críticas al gobierno de [[Venezuela]] y al presidente [[Hugo Chávez]], aliado de la presidenta [[Cristina Fernández de Kirchner]].<ref name=sitiosargentina></ref><ref></ref><ref></ref>

Los periodistas y medios de comunicación que se atrevieron a denunciar los abusos de las fuerzas del orden sufrieron con frecuencia, durante todo el año, actos de violencia y persecución. Lo mismo sucedió a quienes desafiaban a ciertas autoridades locales. RSF hizo un llamamiento a las autoridades para que garantizaran la protección de los periodistas y de los medios de comunicación que denunciaban casos de corrupción, que con gran frecuencia fueron víctimas de intimidaciones o sanciones bajo diversas formas. <ref></ref>

Un incendio, en la madrugada del 5 de abril de 2013, destruyó la estación Radio Génesis, en Ingeniero Suárez. Según su propietario, Aníbal Palma, la víspera, el intendente kirchnerista, Cristino Vidal Mendoza, habría amenazado a un empleado de la radio diciéndole que le quedaba "poco tiempo" a la emisora. <ref></ref>

En 2013, el periodista Luis Rosales, columnista de política internacional, fue despedido de C5N por haber criticado al gobierno por su política de apoyo al gobierno venezolano de [[Nicolas Maduro]]:

</ref>}}

En agosto de 2013, el periodista [[Juan Miceli]] denunció que fue censurado en la [[TV Pública]].<ref></ref> Juan MIceli no pudo conseguir más trabajo como periodista en la televisión hasta que hubo un cambio de gobierno.<ref name=censumm></ref>

En noviembre de 2014, la periodista [[Débora Plager]] fue despedida sin aviso de canal de noticias [[C5N]], del Grupo Indalo Media del empresario, [[Cristóbal López]], por criticar al gobierno.<ref>[https://ift.tt/2LDvXvI El polémico despido de Débora Plager de C5N: asegura que fue por imposiciones "semánticas"]</ref><ref></ref>



En 2014, la radio FM Cosmos (100.1 Mhz) de [[Cañuelas]], [[provincia de Buenos Aires]], fue clausurada por la Comisión Nacional de Comunicaciones, luego de emitir un programa crítico, hacia el Intendente kirchnerista Gustavo Arrieta, por el reparto discrecional de la pauta publicitaria oficial.<ref></ref><ref></ref>

En 2015, la organización internacional de derechos humanos, Freedom House, bajó la calificación del país en el ranking internacional sobre libertad de prensa.<ref>[https://ift.tt/2LDvYzM El país cayó en un ranking intrnacional sobre la libertad de prensa], 30 de abril de 2015, El Día</ref>

Mientras tanto, el dinero de los jubilados y pensionados se usaba para financiar programas políticos de televisión afines al kirchnerismo. Millones de pesos de la [[ANSES]] fueron desviados a la productora Pensado Para Televisión (PPT) para pagar pauta publicitaria «no tradicional». El dinero financiaba, de manera irregular, el programa de [[América TV]], [[6,7,8]], a pesar de que la productora, privada, de [[Diego Gvirtz]] y luego de [[Cristóbal López]], tenía prohibido, por contrato, comercializar publicidad de organismos oficiales.<ref></ref><ref></ref><ref></ref>

En enero de 2016, el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo [[Abal Medina]] reconoció la censura a Miceli.<ref></ref> En febrero de 2016 se supo que iba a volver a trabajar en la televisión pública, a pesar de haber sido también crítico al nuevo presidente [[Mauricio Macri]].<ref></ref><ref name=censumm/>

En 2016, [[Hernán Lombardi]], Director del [[Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos]], denunció que la [[ANSES]] le había entregado más de 30 millones de pesos al programa afín al Gobierno, [[6,7,8]], de manera irregular, a través de su productora, Pensado Para Televisión (PPT), que fuera primero de [[Diego Gvirtz]] y luego de [[Cristóbal López]], ya que la productora tenía prohibido, por contrato, comercializar publicidad de organismos oficiales.<ref></ref>[[Diego Bossio]], titular de la [[ANSES]] durante el kirchnerismo, reconoció que la transferencia había sido por una orden directa de [[Cristina Fernández de Kirchner]].<ref></ref><ref></ref>

== Véase también ==

*[[Conflicto entre Editorial Perfil y el gobierno por la pauta publicitaria]]

== Referencias ==





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Categoría:Kirchnerismo

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[[Categoría:Libertad de expresión]]

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